El 16 de marzo de 2021 se realizó en el marco de la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021, el evento paralelo “Enfoque de derechos y recuperación sostenible en América Latina y el Caribe: Ubicando los derechos humanos y la Agenda 2030 al centro de las respuestas para reconstruir mejor”.
Organizado por la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con el Instituto Danés de Derechos Humanos, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica, la Cooperación Alemana (a través del Programa MINSUS), la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).
En medio de los lamentables efectos sociales y económicos que ha traído consigo la pandemia, la actual crisis debe canalizarse como una oportunidad para que tanto el Estado como los actores privados refuercen su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Lo anterior como una estrategia de reconstruir mejor a futuro y consolidar un panorama más resiliente y solidario social y ambientalmente.
Superar de manera humana la pandemia supone la colaboración de distintos actores, tanto en el plazo inmediato (como por ejemplo para garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas) como en el mediano plazo respecto de las medidas de recuperación.
Dicha construcción colaborativa supone profundizar los mecanismos y alcance de la participación de todos los interesados para construir conjuntamente un futuro pospandemia mejor. Esto supone, entre otros, la garantía de la participación de asuntos ambientales (para lo cual el Acuerdo de Escazú es una herramienta indispensable) o el aseguramiento de la consulta previa para los pueblos indígenas. Igualmente, respecto de otros grupos vulnerables, por ejemplo, las mujeres, los pueblos indígenas o los niños y niñas, se deben reforzar las herramientas y medios para su participación.
Se deben tener en cuenta las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, dado que la crisis ha exacerbado las condiciones preexistentes en materia de desigualdad y privación del goce de derechos humanos. Avanzar en la superación de estos problemas anteriores a la pandemia mediante el reconocimiento de las diferencias de cada población permitirá consolidar un futuro acorde con la dignidad humana de cada cual y la equidad
social. Para esto es muy importante contar con información y datos que posibiliten una lectura acorde con la realidad de las poblaciones.
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https://www.rindhca.org/images/doc_publicaciones/Informe_-_Evento_Paralelo_LAC_FRDS_FINAL_spanol.pdf
Fuente: www.rindhca.org
