Webinar: Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad

El 29 de septiembre de 2021, ocurrió una matanza al interior de uno de los centros penitenciarios más grandes en Ecuador. La acción dejó al menos 116 personas asesinadas, constituyéndose en la peor tragedia en la historia penitenciaria del país. Fue la tercera vez en el año que ocurría una situación de esta naturaleza; ya en febrero se produjo la muerte de 78 personas internas, y en julio 22 personas, superando con creces el índice de criminalidad de cualquier otro año.

Las alarmas sociales se encendieron y los análisis sobre las causas han estado a la orden del día. Sin embargo, hasta el momento hay más dudas que certezas sobre el futuro de las cárceles en Ecuador. Las preguntas que saltan a la vista, entre otras, son: ¿Tiene el Estado el control de los centros penitenciarios? ¿Cómo evitar una nueva matanza como las ocurridas? ¿Es posible realizar políticas que transformen la situación a mediano y largo plazo? ¿Qué hay que hacer para el efecto? 

De cualquier forma, se sabe que no es un problema que se circunscribe al ámbito ecuatoriano, y que en general, la problemática alcanza, en mayor o menor medida. a todos los países latinoamericanos.

El análisis desde la óptica de los derechos humanos también deja dudas para resolver, al menos desde dos ámbitos, el de la prevención y el de la reparación. Si bien, bajo el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas se ha creado y ha avanzado en su aplicación los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, las preguntas son, en primer lugar, ¿están siendo eficaces en su rol? y, en segundo lugar – y quizás sea la cuestión de fondo – ¿está tan aceptada socialmente la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, que se necesitan herramientas especiales de prevención de la tortura?

Respecto a la reparación, si bien los Estados son responsables de la seguridad y disfrute de los derechos humanos de todas las personas, parecería que hay una aceptación social sobre que esta obligación no alcanza para las personas privadas de libertad, o al menos que, en su caso, no puede ser tan rígida. Una mirada rápida nos dice que luego de ocurridas matanzas como las narradas, no se realizan investigaciones serias para establecer responsables y reparar a las víctimas, y tampoco se conoce del establecimiento de responsabilidades a nivel internacional de los Estados por tales situaciones. En consecuencia, las preguntas son: ¿Son suficientes los instrumentos internacionales de derechos humanos para proteger a las personas privadas de libertad? ¿Es necesaria nueva normativa internacional en esta materia, con carácter vinculante, que supere a las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos?

Sin duda, la temática es variada y los cuestionamientos pueden ser muchos, y algunos sin respuesta inmediata. Lo cierto es que es necesario abrir debates sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y no permitir que las tragedias como las ocurridas pasen al olvido.